La exigencia de una reforma democrática del modelo de comunicación que tenemos en México debe pasar por una nueva legislación de medios.

Los últimos acontecimientos en el país han dejado de manifiesto el rol que ocupan los medios de comunicación, especialmente los electrónicos, en la vida democrática del país, convirtiéndose en un poder fáctico por encima de las instituciones, algunos ejemplos de ello son el proceso electoral del 2006, la llamada ley televisa, y la cancelación del programa radiofónico de Carmen Aristegui.

Por ello la lucha por una reforma a la medida de las aspiraciones y los anhelos de la sociedad democrática, debe sumar los esfuerzos de todos al reconocer el derecho a la comunicación.

No puede seguirse soslayando el que las libertades de expresión y el derecho a la información son derechos de todos los ciudadanos y el acceso equitativo a los medios de comunicación para que se puedan debatir ideas es la forma concreta como se garantizan tales derechos.

La garantía del libre ejercicio del derecho a difundir y recibir información obliga a nuestros representantes populares, la definición de las normas necesarias para impedir que otras fuerzas sociales obstruyan su ejercicio.

Los grandes medios de comunicación han permanecido acaparados por un puñado de concesionarios. El privilegio de difundir por radio y televisión ha estado supeditado al capricho o la conveniencia del poder político. Los contenidos en muchos de esos medios han estado definidos por el afán de lucro y no por la responsabilidad social. El acaparamiento y la incapacidad para enfrentar el contraste y la diversidad han llevado a las corporaciones mediáticas más influyentes a oponerse militantemente a cualquier apertura que propicie la competencia, especialmente en la televisión abierta.

La acumulación de muchos recursos comunicacionales en pocas manos reforzó el poder que de por sí confiere siempre el privilegio de acceder a una concesión de radio o televisión. Y esa capacidad de influencia, convirtió a los principales concesionarios en un poder que en ocasiones se ha colocado al margen del Estado y ha querido sobresalir por encima de las instituciones legales. Ese afán acaparador les permitió incluso, a los consorcios comunicacionales, promover y lograr la aprobación de una reforma legal que ampliaba los privilegios que ya tenían.

Frente a ese intento de despojo de una buena parte del espectro radioeléctrico, que se conoció como la Ley Televisa, la acción de inconstitucionalidad promovida por casi medio centenar de senadores, acompañados por importantes sectores de la sociedad, permitió que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechara, por violentar la Constitución, los artículos más relevantes que se habían propuesto.

Esa histórica decisión de la Corte, sin cuyo impulso social no hubiera sido posible, contribuyó a crear un contexto propicio a la reforma constitucional en materia electoral que el año pasado aprobó el Congreso de la Unión y la cual, a pesar del tosco rechazo que le opusieron algunos concesionarios de televisión y radio, fue impulsada por los partidos políticos más importantes.

La consecuencia necesaria de tales decisiones es ahora la instauración de una auténtica reforma para las leyes que regulan a las telecomunicaciones y la radiodifusión.

La ausencia de los derechos de las audiencias frente a los emisores pone de manifiesto la necesidad de la reforma democrática del modelo de comunicación en el país, pues los medios electrónicos utilizan un Bien del Dominio de la Nación que nos pertenece a todos.

Esta nueva ley, lejos del abuso en beneficio de unos cuantos que constituía la Ley Televisa, tendrá que propiciar una modificación decisiva y en beneficio de la pluralidad y la democracia en el panorama actual de los medios de comunicación en México.

Es grande el reto, pues es una reforma como ésta, se enfrenta a la resistencia de enormes intereses económicos y al poder desmedido que tienen los actuales concesionarios no sólo sobre la clase política, sino sobre diversos actores sociales.

Lo que falta hoy es unirnos y organizar el esfuerzo de todos aquellos que compartimos los anhelos de una reforma democrática de los medios, hacer valer nuestra voz en el proceso de reformas legales, por ello, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), convoca a la conformación de un Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios, que este siempre presente en las deliberaciones, exigiendo a los legisladores actuar con responsabilidad frente al interés general, demandar una legislación que garantice, al menos los siguientes aspectos:

1) Los Derechos de los Ciudadanos a una Comunicación Democrática.

2) El Servicio Público que deben prestar los medios electrónicos y los derechos de las audiencias.

3) La Rectoría de Estado sobre el espectro radioeléctrico, propiedad de la nación.

4) Aprovechamiento a plenitud de la convergencia digital para todos los sectores de la sociedad.

5) Una sola ley en radio, televisión y telecomunicaciones, congruente con la convergencia digital.

6) Un órgano regulador autónomo, con atribuciones suficientes y responsabilidades precisas.

7) Acceso universal y Conectividad a los beneficios de la convergencia digital, anteponiendo el desarrollo social, a los intereses empresariales.

8) Diversidad en contenidos y promoción de la producción nacional independiente.

9) Libertad, pluralidad, responsabilidad, de acuerdo a estándares democráticos de libertad de expresión, que permitan la pluralidad informativa, así como diversidad en la operación de los medios de comunicación: la privada-comercial, la pública-estatal y la comunitaria-sin fines de lucro.

10) Derecho de Réplica.

11) Integridad de los contenidos, que eviten la censura.

12) Defensa de intereses nacionales y transparentar la inversión extranjera en medios de comunicación electrónica.

13) Promoción de medios auténticamente públicos, comunitarios y para pueblos y comunidades indígenas.

Por lo anteriormente expuesto la AMEDI, invita a su organización a que forme parte de este Frente por una Nueva Ley de Medios, conocedores de que en la defensa de los principios democráticos que ustedes enarbolan, se encuentra el derecho a la información, y porque es necesario que en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso se haga valer este asunto como uno de los esenciales para la democracia en nuestro país.

Atentamente:

Asociación Mexicana de Derecho a la Información

Javier Corral Jurado, Presidente del Comité Directivo-

Miguel Ángel Granados Chapa, Coordinador del Consejo Consultivo-

Comité Directivo: Leoncio Acuña Herrera, Dolores Béistegui, Virgilio Caballero Pedraza, Aleida Calleja Nuñez, Mónica Lozano Serrano, Jorge Fernando Negrete, José Agustín Pineda Ventura, Beatriz Solís Leree, Gabriel Sosa Plata, Aimée Vega Montiel.

Consejo Consultivo: Alberto Aziz Nassif, Jesús Cantú Escalante, Jaime Cárdenas Gracia, Jorge Carpizo McGregor, Felipe Cazals, José Antonio Crespo, Ricardo Raphael de la Madrid, Denise Dresser Guerra, Gael García Bernal, Daniel Giménez Cacho, Gustavo Esteva, Néstor García Canclini, María Teresa Gómez Mont, Patricia Ortega Ramírez, Loretta Ortiz Ahlf, Carlos Ortiz Tejeda, Raúl Padilla López, Carlos Padilla Ríos, Francisco José Paoli Bolio, Inna Payán, Elena Poniatowska Amor, Agustín Ramírez, Gustavo Reyes-Terán, Fernando Serrano Migallón, Luis Javier Solana, Francisco Toledo, Raúl Trejo Delarbre, Francisco Valdés Ugalde, Ernesto Velázquez Briseño, José Woldenberg Karakowsky.